(Última actualización: agosto de 2024.)
Durante los primeros veintidós días siguientes al 2 de enero de 2015, la familia de Moisés Sánchez Cerezo y compañeros realizaron una serie de protestas para exigir que apareciera con vida Moisés.
También se sostuvieron reuniones con el funcionarios estatales y federales como fueron: Benita González y Namiko Matzumoto Benítez, presidenta y secretaria de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) respectivamente; Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz; Luis Ángel Bravo Contreras, Fiscal General de Veracruz; Arturo Bermúdez Zurita, secretario de seguridad Pública de Veracruz; y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de gobierno de la república.
Con el acompañamiento de la organización internacional “Artículo 19”, quienes llevan el caso, se gestionaron reuniones con: Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República; y la fiscal especial Laura Angelina Borbolla Moreno, de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE); De igual manera con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Así también con el Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos en México, con embajadores y representantes internaciones de diferentes países.
Tras encontrarse sin vida a Moisés, la exigencia de justicia continúo.
En febrero de ese año se publicó “El Medellín de Moisés”, una edición especial de La Unión… con el apoyo de compañeros periodistas. En la presentación en CDMX participaron Olivia Zerón, Javier Solorzano, Jorge Sánchez -hijo de Moisés-, y Darío Ramírez – director de la oficina regional para México y Centroamérica de Artículo 19. En la presentación en Xalapa, Veracruz, acudieron Norma Trujillo y Rubén Espinosa -fotoperiodista asesinado ese mismo año.
Durante los siguientes años se realizaron varias protestas y actividades en memoria de Moisés y para exigir justicia. El caso fue presentado en foros y eventos de organizaciones nacionales e internacionales en defensa de la libertad de expresión y Derechos Humanos, diversos informes e investigaciones de ONG abordan el caso de Moisés.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) se negó a atraer el caso, por lo que Art19 y la familia inició un juicio de amparo, mismo que se ganó en el 2016. La FEADLE apeló esa sentencia, mas el tribunal federal ratificó dicha sentencia.
Aún así la fiscalía especial de la FGR no ha querido investigar a los responsables del crimen, a pesar de que el presunto autor material detenido se le encontró una arma de uso exclusivo del ejercito, es acusado por la FGE de permanecer a una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que la misma FEADLE detecto otros delitos federales en este caso.
De las más de seis personas que participaron en la desaparición y posterior asesinato del periodista, sólo hay una detenida, de las demás solo se tienen apodos. El presunto autor intelectual, en entonces presidente municipal de Medellín, Omar C.R., se encuentra prófugo de la justicia.
Ese mismo año, 2016, un juez local emitió una sentencia contra dos policías municipales por el crimen -los elementos se encontraban a unas cuadras en el momento de los hechos-, con una condena de más de 20 años de prisión. Misma que fue apelada por los inculpados, al siguiente años la sala regional resolvió que se habían violado los derechos humanos de los detenidos, por lo que ordenó que se volviera a reponer el proceso y emitir nueva sentencia. El juez local repuso el proceso y se emitió una nueva sentencia en el año 2021, fue de seis años seis meses de prisión por el delito de incumplimiento de un deber legal, condena que se terminaba de cumplir en esas fechas, por lo que fueron liberados.
La Fiscalía de Veracruz y la familia del periodista apelaron esta nueva sentencia, a lo que el tribunal regional resolvió que los inculpados si tendría que ser procesados por el crimen. Pero los acusados se ampararon y ya no pudieron ser detenidos.
En 2018 se presentó el caso en el Parlamento de la Unión Europeo (UE), en Bélgica, donde eurodiputados mostraron su interés por la falta de justicia. En el 2022 la UE condenó las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México e instó a que estos crímenes se investiguen de manera «rápida, exhaustiva, independiente e imparcial”.
El 3 de mayo de 2022, se forma la primer red nacional de familiares de periodistas asesinados y desaparecidos, y la primera de la que se tiene conocimiento a nivel internacional, la “Red en Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados y Desaparecidos”, que en 2024 adquiriría la razón social “Red Nacional en Memoria y Lucha de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos”.
En enero de 2023, el caso de Moisés fue llevado a la Comisión Interaméricana de Derechos Humanos (CIDH), donde se encuentra en el periodo de admisibilidad. Y aunque la corte internacional suele demorar más de cinco años en resolver, su resolución es vinculante, por lo que el Estado Mexicano estaría obligado a acatar la sentencia.
A los ocho años del crimen, Jorge Sánchez, en representación de la Red en Memoria y Lucha, cuestiona al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia Mañanera del 24 de enero. A raíz de esta acción, se agendan reuniones con los integrantes de la red y autoridades federales.
Reuniones con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; y el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; Ricardo Sánchez, fiscal especial de la FEADLE; Verónica Hernández Giadáns, Fiscal general de la FGE Veracruz; Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz; Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado regional de Bienestar; así como personal de otras instituciones estatales y federales.
De estas reuniones se originaron minutas de trabajo donde el gobierno se comprometió a investigar al personal de la fiscalía que no realizaron las diligencias correspondientes o las elaboraron mal; que se realizaría una campaña nacional para reivindicar la memoria de los periodistas asesinados y desaparecidos, que se daría atención integral a las familias de las víctimas; y el Gobernador de Veracruz se comprometió a construir un monumento de memoria y dar una disculpa pública el 7 de junio de 2023.
Las promesas de los funcionarios no se cumplieron.
En octubre de 2023 la Relatora Especial de Libertad de Expresión visitó México y se reunió con familias de periodistas asesinados, entre ellas la de Moisés.
El 2 de noviembre de ese mismo año, el caso fue presentado en la Ceremonia por el Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. en el marco de las actividades organizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Organization of American States (OAS), InterAmerican Commission on Human Rights (IACHR) y Rapporteur for Freedom of Expression (RELE); en Washington, Estados Unidos de América.
El 1ro de mayo de 2024, en actividades en el marco del Día de la Libertad de Prensa, el hijo de Moisés fue amenazado por el Director de Política Regional del Estado de Veracruz, Héctor Eduardo Ciprián Méndez; quién le advirtió que si él y los demás familiares de periodistas asesinados, integrantes de la Red, no se marchaban de la Plaza Regina (antes Plaza Lerdo), les podría pasar algo malo. De esto tomo conocimiento la CEAPP y se realizo una denuncia, misma que posiblemente no investigará la fiscalía.
La familia de Moisés Sánchez continúa exigiendo justicia por el crimen, pero el Estado Mexicano cobija la impunidad.